Resumen: Delito de atentado. Durante el confinamiento ordenado con motivo de la reciente pandemia, es sorprendido un menor circulando por la vía publica, por lo que es requerido por agentes de la policía para que se identifique y tras negarse al intentar trasladarlo a dependencias policiales para su identificación se niega acometiendo a los agentes. Se alega que el menor presto su consentimiento a la conformidad sin tener conocimiento de su contenido por lo que pretende su absolución. Lo que se comprueba que no es cierto al constar que se le informo en términos claros de su significado. Lo que al solicitarse la absolución excede de los términos sobre los que cabe centrar este recurso, ya que aun cuando es característico de la apelación una plena cognición en la alzada, ello siempre lo ha de ser dentro de las pretensiones efectuadas por las partes en la instancia. Como regla general son inadmisibles los recursos de casación interpuestos contra sentencias de conformidad, por carecer manifiestamente de fundamento, ya que la aceptación de la acusación, garantizada y avalada por la intervención del letrado defensor, comporta una renuncia implícita a replantear, para su revisión las cuestiones fácticas y jurídicas que ya se han aceptado, libremente y sin oposición. Como razones de fondo: el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos; el principio de seguridad jurídica; y las posibilidades de fraude, al aceptar una calificación pactada que luego no puede variar el fiscal.
Resumen: El objeto del recurso es la resolución del TA de Contratación Pública estimando parcialmente reclamaciones contra los pliegos de contratación de rutas de transporte escolar da Comunidade Autónoma de Galicia. 1.º Nulidad de la cláusula 5 del PACAP en cuanto prevé la acreditación de la capacidad mediante un seguro de riegos profesionales, de imposible aportación en caso de actividades empresariales y no profesionales como el servicio de transporte objeto del contrato. Se desestima porque es perfectamente exigible para el caso de participación de personas físicas en la licitación. 2.º Nulidad de las cláusulas 6.2.B).8) y 9.1.8) del PCAP que exigen citar la localización concreta de una base operativa. Se rechaza porque la cláusula no se aparta de la ley en cuanto contempla el criterio como uno de los ocho que utiliza y con la finalidad de mejorar la calidad de la prestación del servicio. 3.º Restricción a la competencia por la inadecuada composición de los lotes. Se rechaza por el ejercicio de una potestad discrecional, en los términos de la resolución impugnada. 4º Nulidad por consentir presentarse a UTEs. se rechaza porque la mera proposición conjunta, aun sin necesidad de constituir una UTE, es una posibilidad contemplada en la ley de aplicación. 5º Nulidad del pliego rector de la licitación por contravenir su estudio económico. Se rechaza porque se trata de una apreciación subjetiva de la recurrente.
Resumen: PRIMERO. - Se formula recurso de apelación contra la resolución que acuerda el sobreseimiento de las actuaciones -actuaciones incoadas mediante querella en la que se denuncia que la investigada entregó una cantidad en concepto de arras destinadas a la compra de una vivienda en la creencia engañosa de que tenía una superficie de 70 metros cuadrados por ser la cabida con la que se anunciaba, y al descubrir que poseía una superficie inferior la citada cantidad no le ha sido devuelta- alegándosenos, en síntesis, que tras tomar declaración al vendedor y a la agente de la inmobiliaria se descubre la existencia de contradicciones entre ambos, y que en definitiva existen elementos indiciarios de la comisión de un delito de estafa de la que la querellante habría sido víctima. Considera que fue víctima de un engaño sobre la verdadera superficie de la vivienda, que le indujo al error de entregar una señal como anticipo del precio de la venta, y que una vez descubierto el engaño, se le ha provocado un perjuicio patrimonial al no serle devuelta la citada cantidad. Ante ello, solicita que se practiquen más diligencias tendentes a acreditar la existencia de indicios incriminatorios de la comisión del citado delito.
Resumen: 1. Normativa y criterios interpretativos aplicables